Sociedad

Llegó a la Justicia el contrato de la polémica entre YPF y Chevron

23/02/2016

Llegó a la Justicia el contrato de la polémica entre YPF y Chevron

2302_ChevronYPF_SociedadLa empresa YPF entregó este martes a la Justicia nacional una copia del contrato con Chevron para el desarrollo del yacimiento Loma Campana, dentro del plazo de tiempo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7.
«Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el ‘acceso a la información pública’, posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera como en segunda instancia», señaló la empresa en un comunicado oficial.
Aunque, remarcaron que «la decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015».
«El acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la Ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas», añade el parte oficial.
Mientras que agrega que «el carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones».
YPF también precisó que «para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes». «En este caso, las autoridades a las que se presentó documentación e información fueron la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de Neuquén, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, entre otras».
Por su parte, subrayaron que la petrolera estatal «es una empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados», por lo que las autoridades de la empresa «ven con preocupación el hecho de que se divulgue información confidencial que colocaría a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios».