Tras primera audiencia, el gobierno jujeño ampliará la denuncia contra Milagro Sala

La dirigente kirchnerista Milagro Sala, quien cumplió hoy un día de detención en la Comisaría de la Mujer de Jujuy en huelga de hambre tras ser detenida por supuesta instigación a la violencia, fue trasladada a una audiencia con el juez Gastón Mercau, que en las próximas horas debe decidir si la libera o la mantiene en prisión. En tanto, el gobierno provincial anunció que este lunes ampliará ante la Justicia penal las denuncias en su contra «por el destino de 29 millones de pesos» que debían ser distribuidos entre cooperativas de trabajo.
Sala fue trasladada esta tarde en medio de un importante operativo de seguridad a los Tribunales locales, adonde permaneció aproximadamente una hora y luego retornó a su lugar de detención.
Luis Paz, abogado de la diputada del Parlasur, explicó el magistrado solo le preguntó a Sala «si estaba conforme con la acción de los abogados y respondió que si». Además, explicó que presentaron ayer un pedido de habeas corpus «porque es más rápido que un pedido de cese de prisión», ya que el juez tiene «unas horas» para aceptar o rechazar el recurso.
Sala fue trasladada esta tarde en medio de un importante operativo de seguridad, desde su lugar de detención hasta los Tribunales provinciales. La dirigente estuvo alrededor de una hora en el despacho del juez Mercau, mientras cientos de policías de Infantería rodeaban el edificio de Tribunales, que fue vallado para evitar que se acercaran seguidores de la dirigente social.
Antes, Paz aseguró que Sala, alojada en la comisaría 49, está «en muy buen estado de ánimo» y es «monitoreada por los médicos del SAME local cada dos horas para controlarle los valores de presión» por su ayuno.
29 millones. En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó que hará mañana una nueva presentación ante la Justicia contra Sala y señaló que «hay 19 expedientes más por los cuales no pueden rendir cuentas y, por lo tanto, ameritarán otras 19 demandas penales».
«Cada día que pasa reivindicamos más la decisión de cumplir la ley. Es por ello que el lunes ampliaremos las denuncias por el destino de los últimos 29 millones de pesos que se llevaron organizaciones sociales«, apuntó Morales anoche a la prensa.
Según el gobernador, «las cooperativas, muchas de ellas retiradas del acampe, quieren comenzar a trabajar de inmediato» pero «no pueden hacerlo porque alguien se gastó sus recursos y esa persona es Milagro Sala». En paralelo, Morales anticipó que el miércoles remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para implementar un plan para el inicio de obras con las cooperativas que se suman al reordenamiento de distribución de planes que inició en su gestión. Pero, advirtió: «La Cámara de Diputados tiene que autorizarme a utilizar recursos públicos, puesto que tengo que preservar y garantizar la fuente de empleo de miles de trabajadores». «Más allá del ‘acampe’, este tema tiene un trasfondo de amenazas, persecuciones y extorsiones», denunció el mandatario.
Sin embargo, el abogado de la dirigente kirchnerista argumentó, en declaraciones a la radio porteña Rock & Pop, que «el acampe y la lucha» que llevan adelante «las organizaciones sociales y las cooperativas tienen que ver con el sostenimiento y el trabajo de 16 años» que inició Sala como «secretaria gremial de ATE en la década del 90». Respecto a la investigación judicial en al que Sala está imputada y detenida por «instigación a cometer delitos y tumultos», recordó que se introdujeron «en la causa el 11 de enero, en un proceso que se inicia el 14 de diciembre en el día de la primera marcha que se hace de convocar a la plaza Belgrano después de pedidos de audiencia que se le hizo al gobierno». El abogado especificó que después de las audiencias de indagatoria a la jefa de la agrupación Tupac Amaru y a otras dos personas imputadas, los testimonios «no indican que Sala haya sido quien ordenó el acampe y la movilización».
La manifestación comenzó a pocos días de que asumiera el gobierno el radical Gerardo Morales tras su anuncio de reordenar el sistema de distribución de subsidios a cooperativas para evitar irregularidades y manejos clientelísticos por parte de intermediarios.