Procesan a Aníbal, Manzur y Gollán por fraude millonario con plan Qunita

El juez federal Claudio Bonadío logró probar irregularidades de fraude millonario al Estado por el Programa Qunita del anterior gobierno nacional, consistente en el otorgamiento de un ajuar para embarazadas y madres primerizas de bajos recursos, ya que le adjudicó y pagó más de 900 millones de pesos a una empresa pequeña y sin antecedentes, por lo cual fueron procesados varios ex funcionarios. La noticia fue dada a conocer por el sitio Eliminando Variables, a partir de una investigación gratuita que estos llevaron adelante.

Sobresalen entre los procesados por este millonario negociado son el ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur; su sucesor en el caro Daniel Gollán; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Otras 17 personalidades políticas más también fueron procesadas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud fue lanzado a principio de 2015 como parte de las políticas de asistencia para sectores más humildes. Estuvo destinado a todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)».
Como otras acciones del anterior gobierno promovidas a través de una bandera justa de la ayuda social, se escondieron otras acciones irregularidades administrativas y sospechas de corrupción.
Ocurre que el gobierno adjudicó sin licitación y por solo contrato directo el negocio de 903 millones de pesos a una pyme sin antecedentes en el mercado y con supuestos nexos con operadores del gobierno nacional.
La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) recibió del Estado nacional el contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita. Las sospechas de corrupción empezaron cuando se cotejaron los precios de los kit con los artículos comprados individualmente en el mercado y se comprobó que el gobierno pagó mucho más, con el agravante de que las pruebas técnicas realizadas por el INTI demostraron que las cunas no soportan el peso de bebés cuando superan los 7 kilos y son riesgosas para los pequeños.
Cabe recordar que, además de la cuna de encastre y construida en fibrofácil, el kit contiene entre otras cosas prendas para bebés, un colchón, sábanas, chupete, mordillo, sonajero y termómetro.
Según la denuncia de la diputada, la empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato –Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados.
Además del procesamiento de los funcionarios, el juez trabó embargo por 440 millones de pesos.