Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó el primer juicio oral contra Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y Lázaro Báez, acusados por presunto fraude a la Administración Pública a raíz de la concentración de obras viales en favor del empresario patagónico.

La primera jornada estuvo dedicada a dar lectura a parte de las acusaciones, que sostienen que Néstor y Cristina Kirchner, desde el Poder Ejecutivo, fabricaron a un empresario amigo, Lázaro Báez, y lo enriquecieron «a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad» mientras «seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».

Los secretarios del Tribunal Oral Federal 2 leyeron la frase y Cristina Kirchner lo escuchó desde la última fila del salón de los acusados. Fue tan solo uno de los párrafos de las casi 600 páginas en donde la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques, pidieron llevarla al juicio oral que hoy enfrenta, junto al ex ministro de Planificación De Vido, a Baez, el cuñado de su marido Carlos Santiago Kirchner y el ahora arrepentido en el caso cuadernos José López. No es una pieza nueva dentro del expediente, pero la formalidad exige su lectura al inicio del debate oral.

«La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos», sostuvo la fiscalía.

Y se añadió: «Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otro planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos».

Para la Fiscalía, la maniobra se edificó en cuatro pilares: «1) la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz; y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado».

En palabras del Ministerio Público, Lázaro fue así «ungido como el destinatario de este enriquecimiento exponencial y vertiginoso, no tenía ningún antecedente en el negocio de la construcción vial y que su inmersión en esta actividad se debió a que Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo colocaron como el beneficiario de todo el esquema de corrupción que montarían» alrededor de la obra pública vial.

«Néstor y Cristina Kirchner no sólo diseñaron el plan tendiente al favorecimiento del empresario amigo de la familia, con el que mantenían estrechos vínculos económicos, sino que además, con el fin que su designio se llevara a cabo sin resquicios, colocaron en los lugares clave a personas que sabían que participarían de esta empresa criminal y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de menor grado de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia de Vialidad de la provincia de Santa Cruz».

Según se apuntó, «los elementos de prueba reseñados dejan en claro que Lázaro Báez no tenía ninguna empresa constructora ni se dedicaba a dicha actividad, lo que permite sostener que la participación del nombrado en esta maniobra no se debió a su experticia en el rubro de la construcción. Pero si a ello se le agrega la acreditación de un vínculo personal y de extrema confianza que une a Lázaro Báez con Néstor y Cristina Kirchner, es posible concluir que la colocación de una persona allegada como beneficiario inmediato de la maniobra tuvo por fin que quienes diseñaron la maniobra pudieran asegurarse y controlar el destino del dinero que sustraerían ilegítimamente del Tesoro Nacional».

Los acusadores de la instrucción sostuvieron: «La maniobra orquestada jamás hubiera sido posible sin que desde la Presidencia de la Nación, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, tomaran la decisión política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública vial y dotaran por diferentes medios de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de que aquella pudiera pagar sus obligaciones, las que luego los demás miembros de la organización se encargaban de hacer llegar a las empresas del Grupo Báez».

El dictamen añadió: «No resulta azaroso que la provincia de Santa Cruz fuera la jurisdicción en la que se ejecutó, es decir en la que el Estado pagó, la mayor cantidad de dinero en obra pública vial, así como tampoco es casual que dicha provincia, luego de Buenos Aires, fuera por lejos la provincia en la que el Estado Nacional licitó la mayor cantidad de dinero en obras.»

Con un extenso repaso, los fiscales aseguraron «el esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez no se limitó únicamente al proceso de adjudicación, sino que también se extendió en la etapa de ejecución de las obras, en donde se verificó una ausencia total y deliberada de control en la marcha de las obras viales interesadamente adjudicadas».

Quedó así subrayado que existió un «incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas» en donde solo se finalizaron dos de 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato y, a pesar de los 12 años transcurridos, solo se terminaron 26 de esas 51 obras adjudicadas.

Los acusadores hicieron hincapié en que ninguno de los funcionarios intervinientes del Ministerio de Planificación o la Dirección de Vialidad tomaron cartas en el asunto «ni intervino para indagar por qué la obra se extendía indefinidamente y se atrasaba a pesar de que el Estado Nacional le destinaba cuantiosos fondos cada año, no sólo a través del presupuesto aprobado por el Congreso sino mediante reasignaciones posteriores vía decreto de necesidad y urgencia o resoluciones ministeriales».