Economia

La fórmula del Gobierno para las jubilaciones tiene techo pero no garantiza piso mínimo

12/11/2020

La fórmula del Gobierno para las jubilaciones tiene techo pero no garantiza piso mínimo

El Gobierno presentó esta semana una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que, aunque tiene un techo para lo que pueden cobrar los abuelos, no tiene piso ni frente a la inflación ni frente a los salarios, algo peligroso en una economía con altísimos índices de incremento de los precios.

El tema fue analizado en el Gobierno y por eso una de las propuestas planteaba otorgar un bono que cubriera la diferencia si la variación de los precios superara a la Recaudación Total de la ANSeS. Ese bono, según esa propuesta, no se integraría al haber mensual y al ser extraordinario no compensaría la diferencia en menos con relación a la inflación, que se mantendría y hasta se acrecentaría en el tiempo. Aun así, con todas esas limitaciones, no prosperó.

El pase de los aumentos trimestrales a semestrales, en marzo y septiembre, agrava este peligro. Al espaciar los aumentos jubilatorios de 3 a 6 meses, en base a los semestres calendarios anteriores, y efectivizarse 3 meses después, el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y demás prestaciones sociales van perdiendo mes a mes frente a la inflación, sin recuperar esa pérdida en el siguiente aumento semestral.

Entre marzo y agosto, los aumentos reflejan las variaciones de julio a diciembre del año anterior, y entre septiembre y febrero del año siguiente, lo que pasó entre enero y junio. Para evitar esos peligros más que ciertos, se debería mantener como mínimo, los aumentos cada 3 meses, con una cláusula que garantice que en ningún caso los incrementos pueden ser inferiores a la inflación.

La incorporación parcial o total de la inflación en la fórmula de movilidad genera otro problema porque limita o anula la posibilidad de que las jubilaciones y demás prestaciones sociales aumenten con el propio crecimiento de la economía y/o de los salarios. En períodos de alta y creciente inflación, las jubilaciones y demás prestaciones se licuarían porque los aumentos son inferiores y se efectivizan con retraso de 3 o 6 meses con relación a la inflación corriente, como pasó a lo largo de 2018 y 2019. Por esas razones, la inflación debería ser una garantía de aumento mínimo.

En tanto, en el proyecto oficial, la fórmula tiene techo, dado por la evolución de la recaudación total de la ANSeS, por beneficio, durante los últimos 12 meses, incrementada en un 3% anual. Así los ingresos de la ANSeS marcan el límite a la movilidad previsional al margen de lo que pase con la inflación y con la propia evolución de los salarios.

Según el Gobierno, “este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”.

En definitiva los “gastos” – o sea, los aumentos de los haberes- no podrán crecer más que los “recursos”, dice el documento oficial, con lo que no hay ninguna garantía de que los jubilados y pensionados puedan mantener como mínimo el poder adquisitivo de sus haberes.

En nombre de la “sustentabilidad del sistema”, los jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del “ajuste” fiscal y previsional.