Investigan a funcionario cercano a Lorenzetti por corrupción
El fiscal federal Ramiro González solicitó investigar a funcionarios del Consejo de la Magistratura, incluido el extitular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial, Germán Krieger, hombre cercano al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según informó la Procuración General de la Nación a través de su página oficial, el fiscal González hizo este pedido junto a una serie de diligencias ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la apertura de una causa que denunció el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans.
No es la primera vez que está bajo sospecha el uso de los fondos del Consejo de la Magistratura destinado a obras públicas, trámite que estuvo hasta 2014 a cargo del director de Infraestructura del organismo, Germán Krieger, señalado en Tribunales como un hombre supuestamente allegado a Lorenzetti.
A fin de enero Monner Sans se presentó en los tribunales con copias anónimas de dos expedientes del Consejo de la Magistratura donde se detalla el estado de situación de diversas obras públicas, los cuales -dijo el denunciante- «permitirían acreditar la existencia de prácticas corruptas en la administración de los recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación en materia de obra pública».
En la denuncia, Monner Sans explicó que a partir de testimonios brindados por personal de la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) del Consejo de la Magistratura «se denuncian situaciones irregulares vinculadas con la tramitación de los expedientes de obras públicas, las presiones a las que fueron sometidos profesionales y técnicos de la DGIJ, la forma irregular en la que se llevó adelante el trabajo, y la existencia de órdenes verbales que no mantenían relación jerárquica con los profesionales y técnicos de la DGIJ».
También se aludió a «la coerción de la que habrían sido víctimas por la negativa a suscribir certificaciones de avance de obra, el relevo de profesionales del ejercicio de la función de dirección por negarse a ejercerla con los condicionamientos impuestos por la superioridad y presiones que las empresas contratistas ejercieron sobre los profesionales y técnicos de la DGIJ, todo lo cual llevaría a que pocas obras se finalicen en tiempo y forma».
Entre las supuestas irregularidades, Ricardo Monner Sans mencionó las obras del edificio de Avenida de los Inmigrantes, en Retiro. Asimismo, enumeró aquellas que se encuentran paralizadas, destacando el «Centro Judicial de Posadas».
