El Gobierno recortó más de 40.000 planes sociales y reaviva la interna con las organizaciones aliadas
El gobierno nacional descubrió que unos 40.000 planes sociales fueron otorgados a beneficiarios con irregularidades administrativas relacionadas a “incompatibilidades” que duplicaban beneficios incompatibles entre sí, y en ese marco, confirmó que los dará de baja y obligará a sus beneficiarios a elegir entre uno u otro programa.
Así lo revelaron desde la cartera que dirige Juan Zabaleta, tras el inicio de un proceso de ordenamiento del programa Potenciar Trabajo, que comenzó con la habilitación de un mecanismo para que las personas puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión.
En agosto, en medio del escándalo público por el acampe de organizaciones sociales de izquierda que colapsó por varias semanas las calles del macrocentro porteño, beneficiarios denunciaron que dirigentes piqueteros se quedaban con un porcentaje del subsidio y les ponían como condición marchar a cambio de mantener los planes.
La polémica terminó con un duro discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner y una velada crítica que potenció la interna en el Frente de Todos y alcanzó a dirigentes de movimientos sociales alineados al propio Gobierno y al presidente Alberto Fernández.
Al escándalo se sumó la polémica por las declaraciones de una mujer que recibía un plan, criticaba a los que trabajan y defendía los beneficios del Estado sin ninguna contraprestación. El caso terminó con el anuncio de las auditorías y la beneficiaria fue obligada a cumplir una labor a cambio del subsidio. De lo contrario, debía renunciar al mismo.
Por ello el Ministro a cargo del área social, lanzó s un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluyó la firma de convenios con universidades públicas nacionales para que estudiantes colaboren en el análisis.
Este hecho desató la furia de muchas de las organizaciones sociales que son dirigidas por funcionarios que integran el gobierno del Frente de Todos y que se mostraron en desacuerdo con el proceso de control y recorte de las partidas de dinero publico destinadas a distintas acciones sociales.
Por su parte, los más perjudicados, como siempre que la política se disputa el poder, serán aquellos beneficiarios que dependen del dinero aportado por el Estado, para vivir. En un contexto de fuerte desempleo, inflación y crisis económica insostenible.
