Economia

El Gobierno imputó a grandes empresas de consumo por causar desabastecimiento

17/02/2021

El Gobierno imputó a grandes empresas de consumo por causar desabastecimiento

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retener en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. 

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el ministerio de Desarrollo Productivo.

El proceso administrativo abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

En los casos en que se verificó una reducción en la producción o distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones consisten en darle a las empresas un plazo de cinco días hábiles para que acrediten ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma. También se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y “arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del ‘70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.