Amado Boudou, a juicio por los viáticos truchos en Economía
El juez federal Ariel Lijo elevó este martes a juicio oral y público la causa donde Amado Boudou fue acusado de peculado por la rendición de gastos de representación con facturas apócrifas cuando era ministro de Economía.
Hace pocos meses, después de una nueva indagatoria, Lijo decidió ampliar el procesamiento por peculado en contra del exfuncionario, y a continuación el fiscal Jorge Di Lello pidió que el expediente sea elevado a juicio.
Amado Boudou, preso en el Penal de Ezeiza, está acusado de rendir gastos “con facturas apócrifas y con falsedad de los montos por gastos eventuales consignados, los cuales justificaron con comprobantes falsificados presentados en la rendición de gastos de los expedientes referidos”.
La última información incorporada a la causa por la traductora Ana Ruth Juárez le valió una ampliación del procesamiento: ella había señalado que el monto de la factura presentada en Economía por 3.050 euros no era verdadero. “Los servicios de traductorado se cobran entre 600 a 1.000 euros” como máximo, indicó. Si bien reconoció haber realizado parte de la tarea que se le atribuye en febrero de 2011 en el marco del G-20, señaló que ella “nunca” cobró dicho monto.
La intérprete participó de la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en París, y según el Ministerio de Economía cobró dichos servicios por 3.050 euros, “la cual fue desconocida por la mencionada intérprete»: «La factura falsificada quedó registrada como comprobante Nro. 3 en el mencionado expediente administrativo”, señaló Lijo en aquel momento.
En la ampliación de la acusación contra el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, el juez detectó nuevas facturas de rendimientos de gastos cuestionados: unos 23.800 euros en facturas de traducción y alojamiento en París entre 2010 y 2011.
Boudou ya fue condenado y detenido por la compra venta de la ex calcográfica Ciccone, y enfrenta un doble juicio por la transferencia de un auto con papeles apócrifos y por la adquisición irregular de autos de alta gama cuando era ministro de Economía. Ahora, suma una nueva causa elevada a la próxima instancia.
