Vidal, los intendentes y el trasfondo político de las paritarias municipales

¿Qué pasa con las paritarias municipales bonaerenses?  Por Luciano Chiconi @mazorcablanca

El flamante gobierno de María Eugenia Vidal se ha visto forzado, desde el principio, a maniobrar sobre una agenda política que no era la prevista como propia y que se le impone desde afuera a partir de una prolongada realidad caótica de la provincia de Buenos Aires que ahora estalla en varias fases: a la corrupción y las falencias operativas de las fuerzas de seguridad y el vaciamiento financiero que deja la gestión Scioli, se suma la aplicación de la ley de paritarias municipales como otro eje de conflicto heredado por la gobernadora.
Desde el retorno de la democracia hasta estos días convulsos para definir la vigencia de la nueva ley, el régimen laboral del empleado municipal nunca estuvo entre las prioridades del poder político. El régimen legal derogado en la víspera (ley 11757), sancionado por Duhalde en 1995, fue celoso custodio de la viabilidad financiera de los municipios y los intendentes coronaron esa postura defensiva sin iniciativa política para avanzar en reformas parciales de la ley.
Ese estado de cosas se mantuvo sin cambios hasta hoy, y es precisamente durante la década kirchnerista cuando se verifica el rezago salarial del municipal bonaerense frente a los empleados públicos provinciales y sobre todo, nacionales. La gestión Scioli se dedicó sistemáticamente (en sincronía con la Federación Argentina de Municipios –FAM- que agrupa a la vieja guardia de barones) a frenar y dilatar cualquier mejora del régimen laboral de los municipales. A partir de 2007, algunos intendentes de la camada renovadora (Massa en Tigre) se comenzaron a preocupar por el tema y sancionaron ordenanzas de paritarias para sus municipios, pero aun hoy son una exigua minoría.
Recién a fines del 2014 y para cerrar su alianza electoral con el cristinismo, Scioli habilitó la jugada para aprobar una nueva ley de empleo municipal, excluyendo de la discusión política a los intendentes. La ley 14656 entró en vigencia en julio de 2015 pero Scioli no la reglamentó ni la puso en práctica, y los sindicatos tampoco reclamaron su pronta instrumentación.
Si Scioli no incluyó a los intendentes a la hora de elaborar la ley, tampoco lo hizo cuando debía operativizarla: la ley prevé la creación de un Consejo Asesor de Empleo integrado por ellos y los sindicatos que defina un marco político para la convención colectiva en cada distrito, que el ex-gobernador nunca convocó a funcionar.
Desde el punto de vista político, la ley 14656 es el reflejo de la fractura operativa del PJ bonaerense: fue elaborada por el kirchnerismo legislativo que viene copando las listas desde 2011 en detrimento de los territoriales, el mismo que hoy dificulta la sanción del presupuesto que Vidal y los intendentes necesitan para gobernar. Si la ley de Duhalde privilegiaba de forma excesiva las cuentas de los municipios, la de Cristina-Scioli fija una pauta salarial (entre sueldo, licencias pagas y anticipo jubilatorio) que el intendente no controla financieramente y que la ley no resuelve fijando canales económicos adicionales de manera clara (art. 72, inciso b de la ley).
Otro problema político-operativo de la ley que preocupa a los intendentes tiene que ver con los plazos para sancionar el convenio colectivo municipal: por la inacción de Scioli, se acaba de vencer el plazo para que cada municipio tenga su ley paritaria propia. Ante eso, la ley exige la aplicación de un “convenio colectivo” unilateral que ella misma fija sin correlato con la ecuación financiera que puedan sostener los intendentes. La ley además le da atribuciones al Concejo Deliberante para aplicar esta paritaria supletoria (art. 66), lo cual puede crearle un grave problema de gobernabilidad al intendente que no tenga una cómoda mayoría legislativa. Es evidente que en estos dos aspectos, la ley vulnera la autonomía municipal.
Entre los desaciertos técnico-legales del cristinismo legislativo y la desidia administrativa de Scioli en torno a la ley, se llega a la situación actual que deben afrontar Vidal y los intendentes. La decisión apresurada de la gobernadora de suspender la ley por 180 días fue funcional al reclamo kirchnerista que veía detrás de eso la restauración de la disponibilidad absoluta que la nueva ley deroga y que permitía a los intendentes efectuar despidos sin causa a la usanza privada. Ese factor aceleró la conflictividad, más autogenerada por “los temores” del gobierno provincial que por la magnitud de los hechos que entorpecen la aplicación de la ley.
Sin embargo, Vidal parece haber reaccionado con buena política: le devolvió vigencia parcial a la ley y sentó a los intendentes en la mesa de discusión para avanzar en la demorada reglamentación de la negociación colectiva. En definitiva, se retoman los plazos que la ley de paritarias municipales fijaba para su implementación y que Scioli, el FPV y los sindicatos habían “suspendido políticamente” durante el año electoral para que surgieran como una “novedad social” recién con la asunción de Vidal.
Como reflejó la discusión del presupuesto, a la gobernadora Vidal le conviene avanzar en tándem con los intendentes (y sobre todo, con los de extracción peronista) si quiere institucionalizar una paritaria estable para los municipios, para que en esta coyuntura y en el futuro, esa confluencia le permita separar con eficacia a los “ñoquis” de los que van a trabajar porque ahí también hay una expertise política de la gestión que Cambiemos debe explorar para capitalizar su gobernabilidad y no morir en el intento, y porque un espacio de negociación municipal bien institucionalizado es por naturaleza una lugar de gimnasia política que reduce la conflictividad social y atenúa el entrismo oportunista de los que solo quieren “resistir con aguante”, bien lejos de los problemas y expectativas de la mayoría de la sociedad.